viernes, 28 de enero de 2011

Editorial de febrero: Son migajas, pero peor es nada

Dejando pasar el tiempo para que la rabia y la indignación por el comportamiento de nuestros diputados no afloraran en estas líneas, llega por fin un nuevo intento por desbloquear parlamentariamente la llamada “Ley Sinde” con un acuerdo entre PSOE y PP.
Creo no equivocarme si afirmo que a ningún creador –ya sea del mundo de la música o del cine– le agrada este proyecto de ley. De hecho, Alex de la Iglesia ha anunciado que presentará su dimisión como presidente de la Academia de Cine el 14 de febrero, al día siguiente de la celebración de la gala de los premios Goya.
No. No es esa la ley que hace falta. España es el país tecnológicamente más pirata del mundo y aunque a alguien le pueda hacer gracia, lo cierto es que no deja de impresionarme el escaso interés que la legalidad de este asunto provoca entre sus señorías.
No. No podemos estar contentos. Pero en la absoluta falta de legalidad en que vivimos estas migajas son mejores que nada. Siempre ha resultado más sencillo modificar una ley ya existente que crearla partiendo de la nada. Y aunque su labor esté siendo poco relevante, hay que valorar en su justa medida el desgaste personal que el desarrollo de este proyecto de ley está causando a su impulsora, la ministra Ángeles González Sinde, bajo cuyo mandato, por primera vez, se ha impulsado el primer plan (GPS) que beneficia directamente al sector de las músicas populares y ayuda a los artistas emergentes, huérfanos ahora de apoyo por parte de las compañías discográficas, sumidas en una penuria que no recordamos desde antes de que se diera a conocer la “movida madrileña”.
Es poca, muy poca cosa ese proyecto de ley. ¡Pero es que no teníamos nada! Y asusta pensar en la ridícula capacidad de influencia sobre nuestros gobernantes que tienen entidades supuestamente poderosas como la Academia del Cine o la propia SGAE defendiendo aspiraciones más que razonables, de auténtico sentido común. Ni siquiera Obama, si hacemos caso a las filtraciones de Wikileaks, ha conseguido que nuestro gobierno afronte con decisión un asunto que concierne a su industria, pero que salpica de lleno a los autores nacionales, a los ricos pero también a los pobres, a los que viven de adelantos de derechos de autor. Es un tema impopular (jaleado por determinados medios de comunicación y algunas asociaciones de internautas), pero nunca tanto como el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, medida que tampoco gusta, pero que no estamos viendo que levante “en armas” a la muchedumbre.
Mientras, seguimos arrastrándonos en una crisis (mientras escribo estas líneas escucho que PRISA piensa despedir a 2.500 de sus empleados, el 18% de su plantilla) de la que no se ve el final, por mucho que Alemania empiece a tirar del carro europeo, como de costumbre. En este año de elecciones municipales y autonómicas no puedo dejar de pensar que nunca ha sido más fácil para un partido hacerse con el poder. Sólo hace falta el compromiso serio y decidido por hacer las cosas bien, por cuadrar las cuentas, perseguir al delincuente, desenmascarar al indigno de representarnos. Seguro que hay honrados entre los políticos españoles y seguro que algunos de ellos están ejerciendo actualmente sus cargos; pero ellos no hacen ruido, el ruido lo hacen los otros, los infames que aparecen día sí, día también en los medios de comunicación.
Y también hay que pensar que estamos ante un final de ciclo, la auténtica reconversión industrial del mundo del espectáculo. Por mucho que crezca Alemania, las peculiaridades de la situación española no van a encontrar solución: con una burbuja inmobiliaria totalmente destrozada, los ayuntamientos no tienen capacidad para generar ingresos. No hay quien compre suelo, ni quien inicie obra nueva, con las tasas de licencia de obra que conllevan. Está claro que la situación va a prolongarse, pero no sabemos hasta cuando. Y Luis Álvarez, director general de Arteria, a quien entrevistamos en este número, lo ha dicho muy claro: “Más temprano que tarde los espacios públicos de España van a ser gestionados, total o parcialmente, por empresas privadas”.

Jesús Rodríguez Lenin
Editor

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